Legislacion Turistica: Ley Orgánica de Poder Público Municipal.

LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Decreta

la siguiente

LEY ORGÁNICA DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto desarrollar los principios

constitucionales, relativos al Poder Público Municipal, su autonomía,

organización y funcionamiento, gobierno, administración y control, para el

efectivo ejercicio de la participación protagónica del pueblo en los asuntos

propios de la vida local, conforme a los valores de la democracia participativa, la

corresponsabilidad social, la planificación, la descentralización y la transferencia

a las comunidades organizadas, y a las comunas en su condición especial de

entidad local, como a otras organizaciones del Poder Popular.

Artículo 2. El Municipio constituye la unidad política primaria de la

organización nacional de la República, goza de personalidad jurídica y ejerce sus

competencias de manera autónoma, conforme a la Constitución de la República

y la ley. Sus actuaciones incorporarán la participación protagónica del pueblo a

través de las comunidades organizadas, de manera efectiva, suficiente y

oportuna, en la definición y ejecución de la gestión pública y en el control y

evaluación de sus resultados.

Artículo 3. La autonomía es la facultad que tiene el Municipio para elegir sus

autoridades, gestionar las materias de su competencia, crear, recaudar e invertir

sus ingresos, dictar el ordenamiento jurídico municipal, así como organizarse

con la finalidad de impulsar el desarrollo social, cultural y económico

sustentable de las comunidades y los fines del Estado.

Artículo 4. En el ejercicio de su autonomía corresponde al Municipio:

1. Elegir sus autoridades.

2. Crear parroquias y otras entidades locales.

3. Crear instancias, mecanismos y sujetos de descentralización, conforme a la

Constitución de la República y la ley.

4. Asociarse en mancomunidades y demás formas asociativas

intergubernamentales para fines de interés público determinados.

5. Legislar en materia de su competencia, y sobre la organización y

funcionamiento de los distintos órganos del Municipio.

6. Gestionar las materias de su competencia.

7. Crear, recaudar e invertir sus ingresos.

8. Controlar, vigilar y fiscalizar los ingresos, gastos y bienes municipales, así

como las operaciones relativas a los mismos.

9. Impulsar y promover la participación ciudadana, en el ejercicio de sus

actuaciones.

10.Las demás actuaciones relativas a los asuntos propios de la vida local

conforme a su naturaleza.

Los actos del Municipio sólo podrán ser impugnados por ante los tribunales

competentes.

Artículo 5. Los municipios y las entidades locales se regirán por las normas

constitucionales, las disposiciones de la presente Ley, la legislación aplicable, las

leyes estadales y lo establecido en las ordenanzas y demás instrumentos jurídicos

municipales.

Las ordenanzas municipales determinarán el régimen organizativo y funcional de

los poderes municipales según la distribución de competencias establecidas en la

Constitución de la República, en esta Ley y en las leyes estadales.

Se exceptúan las comunas de estas disposiciones, por su condición especial de

entidad local, reguladas por la legislación que norma su constitución,

conformación, organización y funcionamiento.

Artículo 6. Los procesos de formación de las leyes estadales relativos al régimen

y la organización de los municipios, y demás entidades locales, atenderán a las

condiciones peculiares de población: desarrollo económico, capacidad fiscal,

situación geográfica, historia, cultura, étnia y otros factores relevantes.

El Consejo Legislativo, o sus comisiones, oirán la opinión de los alcaldes y

alcaldesas, de los concejos municipales, de las juntas parroquiales y de los

ciudadanos y ciudadanas, y de sus organizaciones, en la correspondiente

jurisdicción. Para tales fines, deberán aplicar los mecanismos apropiados de

consulta de acuerdo con la ley. El Consejo Legislativo reglamentará la

participación de los alcaldes o alcaldesas.

Artículo 7. El Municipio y las demás entidades locales conforman espacios

primarios para la participación ciudadana en la planificación, diseño, ejecución,

control y evaluación de la gestión pública.

Los órganos del Municipio y demás entes locales, deberán crear los mecanismos

para garantizar la participación de las comunidades y grupos sociales

organizados en su ejercicio, de acuerdo a la ley.

Artículo 8. Las autoridades del Municipio, de sus entes descentralizados y de las

entidades locales deberán presentar informe sobre su gestión y rendir cuentas

públicas, transparentes, periódicas y oportunas ante las comunidades de su

jurisdicción.

A tales fines, garantizarán la información y convocatoria oportuna y los

mecanismos de evaluación pertinentes, acerca de los recursos asignados, y los

efectivamente dispuestos, con los resultados obtenidos.

TÍTULO II

DE LOS MUNICIPIOS Y OTRAS ENTIDADES LOCALES

Capítulo I

De la creación, fusión y segregación de Municipios

Artículo 9. La potestad de los estados para organizar sus municipios y demás

entidades locales se regirá por lo dispuesto en la Constitución de la República y

en las disposiciones de esta Ley, así como en la Constitución y leyes estadales

respectivas.

Artículo 10. Para que el Consejo Legislativo pueda crear un Municipio deben

concurrir las siguientes condiciones:

1. Una población asentada establemente en un territorio determinado, con

vínculos de vecindad permanente.

2. Un centro poblado no menor a la media poblacional de los municipios

preexistentes en el estado, excluidos los dos de mayor población. Este

requisito deberá ser certificado por el Servicio Nacional de Estadística. En

caso de no existir otro Municipio en esa entidad para hacer comparación, se

requerirá de una población no menor de diez mil habitantes.

3. Capacidad para generar recursos propios suficientes para atender los gastos

de gobierno y administración general, y proveer la prestación de los servicios

mínimos obligatorios. A los efectos del cumplimiento de este requisito,

deberá constar en acta la opinión favorable del órgano rector nacional en la

materia de presupuesto público. Igualmente, deberá constar la opinión del

Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. En dicha

opinión motivada, se determinarán los efectos socioeconómicos en el o los

municipios que resulten segregados.

Cumplidas estas condiciones, el Consejo Legislativo una vez aprobada la ley de

creación del nuevo Municipio, someterá el instrumento legal a un referéndum

aprobatorio, donde participarán todos los habitantes del Municipio afectado.

Artículo 11. Los municipios indígenas serán creados, previa solicitud de los

pueblos y comunidades u organizaciones indígenas, formuladas ante el

respectivo Consejo Legislativo, atendiendo a las condiciones geográficas,

poblacionales, elementos históricos y socioculturales de estos pueblos y

comunidades.

Artículo 12. Por razones de interés nacional relativas al desarrollo fronterizo o

exigencias especiales, derivadas del Plan de Desarrollo Económico y Social de la

Nación, los Consejos Legislativos podrán crear, excepcionalmente, municipios

de régimen especial, atendiendo a iniciativa reservada al Ejecutivo Nacional por

órgano del Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros.

Aun cuando las comunidades postuladas a tal categoría, no cumplan con los

requisitos establecidos en el artículo 10 de esta Ley, la ley de creación definirá el

régimen especial atendiendo a la fundamentación que motiva la iniciativa.

Artículo 13. Dos o más municipios limítrofes de un mismo estado podrán

fusionarse y constituir uno nuevo cuando se confundan como consecuencia de la

conurbación y existan evidentes motivos de conveniencia o necesidad.

Artículo 14. La iniciativa para la creación, fusión o segregación de municipios,

salvo la hipótesis de iniciativa reservada establecida en el artículo 12 de esta

Ley, corresponderá:

1. A un número de electores con residencia en los municipios a los cuales

pertenezca el territorio afectado, no menor al quince por ciento de los

inscritos en el Registro Electoral Permanente.

2. Al Consejo Legislativo, por acuerdo de las dos terceras (2/3) partes de sus

integrantes.

3. A los concejos municipales que estén comprendidos en el territorio afectado,

mediante acuerdo de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes.

4. Al respectivo Gobernador o Gobernadora, con la aprobación de las dos

terceras (2/3) partes de los integrantes del Consejo Legislativo.

5. A los alcaldes y alcaldesas de los municipios a los que pertenezca el territorio

afectado, con la anuencia de los Consejos Locales de Planificación Pública.

Artículo 15. Antes de ser sancionado el proyecto de ley de creación, fusión o

segregación de municipios deberá ser sometido a referéndum, donde participarán

los electores de los municipios involucrados, quedando aprobado si en el proceso

concurren a opinar el veinticinco por ciento (25%) de los ciudadanos y

ciudadanas inscritos en el Registro Electoral Permanente y el voto favorable a la

creación, fusión o segregación es mayor al cincuenta por ciento (50%) de los

votos consignados válidamente.

Artículo 16. La ley de creación del nuevo Municipio deberá publicarse en la

Gaceta Oficial del estado, con al menos seis meses de anticipación a la fecha de

las elecciones para un nuevo período municipal.

El Consejo Legislativo establecerá en el mismo acto, el régimen de transición

que regirá entre la creación del Municipio y su efectivo funcionamiento, con las

previsiones relativas al inventario de los bienes y obligaciones de la hacienda

municipal, en especial, el saneamiento de las obligaciones con los trabajadores al

servicio del o de los municipios.

Artículo 17. Mientras se elabora el ordenamiento jurídico propio en el nuevo

Municipio, estará vigente el ordenamiento jurídico del Municipio segregado,

salvo cuando se haya afectado el territorio de varios municipios; en cuyo caso, el

ordenamiento jurídico a regir durante la transición será determinado por decisión

del Consejo Legislativo.

Artículo 18. Las solicitudes y asuntos que se encuentren en proceso, para la

fecha de la toma de posesión de las autoridades del nuevo Municipio,

continuarán el curso de tramitación ante éstas.

Los actos firmes de efectos particulares, dictados por las autoridades

competentes de o de los municipios a los que pertenezca el territorio afectado,

surtirán sus efectos en la nueva jurisdicción. Si los actos en referencia no están

firmes para esa fecha, podrán ser revisados de oficio por los órganos municipales

competentes del nuevo Municipio, o recurridos ante ellos por los interesados, de

conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

El nuevo Municipio iniciará sus actuaciones propias sin pasivos laborales.

Artículo 19. Además de los municipios, son entidades locales territoriales:

1. La comuna.

2. Los distritos metropolitanos.

3. Las áreas metropolitanas.

4. Las parroquias y demarcaciones dentro del territorio del Municipio, tales

como la urbanización, el barrio, la aldea y el caserío.

Los supuestos y condiciones establecidos en esta Ley, para la creación de

demarcaciones dentro del territorio del Municipio, así como los recursos de que

dispondrán, concatenadas a las funciones que se les asignen, incluso su

participación en los ingresos propios del Municipio, deberán ser considerados en

la ley estadal que la desarrolle.

La comuna, como entidad local de carácter especial que se rige por su ley de

creación, puede constituirse dentro del territorio del Municipio o entre los límites

político administrativo de dos o más municipios, sin que ello afecte la integridad

territorial de los municipios donde se constituya.

Capítulo II

De los distritos metropolitanos

Artículo 20. Cuando dos o más municipios tengan entre sí relaciones

económicas, sociales y físicas que den al conjunto urbano las características de

un Área Metropolitana, y que hayan desarrollado previamente experiencias de

mancomunidades durante al menos dos períodos municipales continuos, podrán

organizarse en Distrito Metropolitano.

Los distritos metropolitanos son entidades locales territoriales con personalidad

jurídica, cuya creación corresponderá al Consejo Legislativo de la entidad

federal a la que pertenezcan los municipios. Cuando los municipios pertenezcan

a entidades federales distintas, la competencia corresponderá a la Asamblea

Nacional.

Artículo 21. La iniciativa para la creación de un Distrito Metropolitano,

corresponderá:

1. Al quince por ciento (15%), por lo menos, de los vecinos inscritos en el

Registro Electoral de los municipios afectados.

2. A los alcaldes o alcaldesas de los respectivos municipios, con acuerdo de los

concejos municipales correspondientes, aprobado por las dos terceras (2/3)

partes de sus integrantes.

3. A los concejos municipales respectivos, mediante acuerdo aprobado por las

dos terceras (2/3) partes de sus integrantes.

4. Al Gobernador o Gobernadora del estado, con acuerdo del Consejo

Legislativo aprobado por las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes.

5. Al Consejo Legislativo, aprobada por las dos terceras (2/3) partes de sus

integrantes.

6. Cuando se trate de municipios pertenecientes a varias entidades federales, la

iniciativa también podrá tomarse con el apoyo de la mayoría de los diputados

y diputadas de la Asamblea Nacional, electos o electas en cada una de las

respectivas entidades federales.

Artículo 22. La iniciativa deberá ser presentada dentro de los dos primeros años

del período del Poder Público Municipal. Admitida la iniciativa por el Consejo

Legislativo o por la Asamblea Nacional, según el caso, y realizados los informes

técnicos relativos a la viabilidad del Distrito Metropolitano, se procederá a la

convocatoria de una consulta popular de la población afectada, si el veinticinco

por ciento (25 %) de los electores inscritos en el Registro Electoral participa y

más del cincuenta por ciento (50 %) da su aprobación; el Consejo Legislativo o

la Asamblea Nacional, según el caso, elaborarán la ley de creación

correspondiente, siguiendo los lineamientos de los informes técnicos aprobados

en el referendo.

La ley de creación del Distrito Metropolitano una vez aprobada por la Asamblea

Nacional o por el Consejo Legislativo cuando se trate de municipios de la misma

entidad federal, seguirá el trámite ordinario para la entrada en vigencia de las

leyes establecido en la Constitución de la República o en la Constitución Estadal,

según el caso, pero deberá publicarse para que sea efectiva la elección de las

nuevas autoridades distritales, por lo menos con un año de anticipación a la fecha

del proceso comicial.

La elaboración de la ley respectiva se hará con la efectiva participación

ciudadana y, en especial, con la de las autoridades de los municipios

involucrados.

Artículo 23. La ley de creación del Distrito Metropolitano definirá los límites

del mismo y su organización, con determinación expresa de las competencias

metropolitanas que deberán asumir sus órganos de gobierno, administración y

legislación.

Artículo 24. El gobierno y la administración del Distrito Metropolitano

corresponden a la autoridad ejecutiva metropolitana, que funcionará bajo la

denominación que establezca la correspondiente ley de creación.

La función legislativa será ejercida por el Consejo Metropolitano, el cual estará

integrado de la manera que se establezca en la ley de creación del respectivo

Distrito.

En la Ordenanza de Reglamento Interior y de Debates del Consejo Metropolitano

se preverá la participación permanente, con derecho a voz, de un representante

del organismo nacional de desarrollo de la jurisdicción del Distrito

Metropolitano, la cual será solicitada a ese organismo, dentro de los quince días

siguientes a la instalación del Cuerpo.

Artículo 25. El Distrito Metropolitano contará con los ingresos que le sean

asignados en la ley de creación respectiva. Dicha ley, también regulará la

transferencia de bienes municipales que se hará al Distrito Metropolitano para la

prestación de los servicios o la gestión de las actividades transferidas.

Artículo 26. Los distritos metropolitanos contarán con los siguientes ingresos:

1. Los que obtengan por derechos y tarifas en los servicios públicos que presten

en ejercicio de su competencia.

2. Las rentas y productos de su patrimonio.

3. Los provenientes de la enajenación de sus bienes.

4. Un porcentaje de los impuestos creados y recaudados por los municipios

agrupados, proporcional al costo del ejercicio de las competencias que le sean

asignadas, en la ley respectiva.

5. Los aportes especiales y cualesquiera otros que por disposición legal le

correspondan o le sean asignados.

El Distrito Metropolitano podrá asumir, mediante convenio con los municipios

agrupados, la recaudación de los impuestos municipales previstos en el numeral

4 del presente artículo.

Artículo 27. En los casos de creación de un Distrito Metropolitano y dentro del

lapso de treinta días hábiles siguientes a la publicación de la ley de su creación,

el Consejo Legislativo o la Asamblea Nacional, según el caso, nombrará una

comisión compuesta por uno de sus miembros, quien la presidirá, el funcionario

responsable por la hacienda municipal por cada uno de los municipios que lo

integran, un concejal o concejala por cada uno de ellos, y un representante de la

Contraloría General de la República, con el objeto de elaborar un inventario de la

hacienda pública de cada uno de los municipios integrantes del Distrito

Metropolitano.

Artículo 28. Efectuado el inventario a que se refiere el artículo anterior la

comisión, dentro de los noventa días siguientes a su instalación, presentará el

informe al Consejo Legislativo o a la Asamblea Nacional, según el caso, para

que el órgano legislativo correspondiente decida sobre el traspaso de los bienes

municipales afectados a la prestación de los servicios transferidos o a la

realización de las actividades asignadas a la competencia del Distrito

Metropolitano.

La decisión que refiere este artículo, será de obligatoria ejecución por los

municipios correspondientes, a través del acuerdo emanado del Concejo

Municipal respectivo. En caso de no hacerlo dentro de los sesenta días

subsiguientes a la decisión del órgano legislativo, la autoridad metropolitana

solicitará la ejecución por los órganos jurisdiccionales competentes.

Las obligaciones de carácter laboral que surjan con ocasión de la creación del

Distrito Metropolitano, serán asumidas por éste, para lo cual deberán hacerse las

previsiones presupuestarias y financieras, y los aportes proporcionales por parte

de los municipios involucrados. Las demás obligaciones serán distribuidas en

proporción al monto de la respectiva cuota de bienes asignados, conforme lo

determine el Consejo Legislativo.

Artículo 29. Las normas contenidas en la presente Ley, incluidas las relativas a

los privilegios y prerrogativas, serán aplicables a los distritos metropolitanos en

cuanto sean procedentes.

Capítulo III

De las entidades locales

Artículo 30. Las parroquias y las entidades locales, dentro del territorio

municipal son demarcaciones creadas con el objeto de desconcentrar la gestión

municipal, promover la participación ciudadana y una mejor prestación de los

servicios públicos municipales.

Artículo 31. Las parroquias y las otras entidades locales dentro del territorio

municipal, sólo podrán ser creadas mediante ordenanza aprobada con una

votación de las tres cuartas (3/4) partes como mínimo de los integrantes del

Concejo Municipal, con la organización, funciones, atribuciones y recursos que

se les confieran en el momento de su creación, sobre la base de las características

sociológicas, culturales y económicas del asentamiento de la población en el

territorio municipal, sin perjuicio de la unidad de gobierno y de gestión del

Municipio. Las parroquias podrán ser urbanas o no urbanas y, en ningún caso,

constituirán divisiones exhaustivas del territorio municipal.

Artículo 32. La iniciativa para la creación de las parroquias y las otras entidades

locales dentro del territorio municipal, corresponderá en forma alternativa:

1. A los ciudadanos y ciudadanas inscritas en el Registro Electoral, en un

número no menor al quince por ciento (15%) de residentes en el territorio

municipal que servirá de base a la entidad local, mediante solicitud escrita al

Concejo Municipal.

2. Al alcalde o alcaldesa mediante solicitud razonada ante el Concejo Municipal.

3. Al Concejo Municipal, mediante acuerdo razonado de la mayoría de sus

integrantes.

Artículo 33. Para crear una parroquia u otra de las entidades locales dentro del

Municipio, se requiere que en el territorio correspondiente exista:

1. Una población con residencia estable, igual o superior a la exigida en la ley

estadal para tales fines.

2. En los espacios urbanos, un Plan de Desarrollo Urbano Local debidamente

sancionado y publicado. En los espacios no urbanos, los lineamientos de la

ordenación y ocupación del territorio.

3. Organización de la comunidad mediante agrupaciones sociales, electas

democráticamente y debidamente registradas por ante los órganos

competentes.

4. Organización de servicios públicos básicos.

5. Registro catastral, con sujetos de tributación y contribuciones municipales, de

modo especial los inmobiliarios.

6. El proyecto de creación será informado en forma pública y sometida a

consulta de la población asentada en el espacio territorial de la parroquia o

entidad local territorial propuesta.

7. Los requisitos para la creación de la comuna, en el marco de su régimen

especial como entidad local, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica

de las Comunas.

Artículo 34. En la ordenanza de creación de la parroquia u otra entidad local

dentro del territorio del Municipio, se deberá indicar:

1. Las atribuciones, actividades y funciones que le puedan ser delegadas y las

bases para la delegación de estas atribuciones por otros actos normativos.

2. El órgano de la administración municipal que ejercerá la supervisión de las

atribuciones, actividades y funciones delegadas.

3. Los recursos humanos y de equipos asignados a la parroquia o entidad local

territorial, y los medios necesarios para su eficaz ejecución.

4. La asignación del ingreso propio del Municipio que tendrá carácter de ingreso

de la parroquia o entidad local territorial a los efectos de su creación y

funcionamiento, de acuerdo a las atribuciones, actividades y funciones

delegadas.

Artículo 35. La parroquia tendrá facultades consultivas, de evaluación y

articulación entre el poder popular y los órganos del Poder Público Municipal.

Sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del Municipio, la parroquia será

coordinada por una junta parroquial comunal integrada por cinco miembros y sus

respectivos suplentes cuando corresponda a un área urbana y tres miembros y sus

respectivos suplentes cuando sea no urbana, elegidos o elegidas para un período

de dos años. Todos electos o electas por los voceros y voceras de los consejos

comunales de la parroquia respectiva, la cual deberá ser validada por la asamblea

de ciudadanos y ciudadanas, quienes en dicha elección deberán ser fiel expresión

del mandato de sus respectivas asambleas de ciudadanos y ciudadanas.

Para la revocatoria del mandato de los o las integrantes de las juntas parroquiales

comunales, se aplicarán las condiciones y el procedimiento establecido para los

voceros y voceras de los consejos comunales, dispuestos en la ley que regula la

materia.

Artículo 36. Para ser miembro de la junta parroquial comunal, se requiere ser

venezolano o venezolana mayor de quince años de edad, tener residencia en la

parroquia, estar avalado por la asamblea de ciudadanos y ciudadanas de su

respectivo consejo comunal. Los extranjeros y extranjeras residentes en la

parroquia deberán cumplir con las condiciones establecidas en la Constitución de

la República.

Artículo 37. La junta parroquial comunal tendrá atribuida facultad expresa para

los procesos siguientes:

1. Articular con las organizaciones de base del Poder Popular y su relación con

los órganos del Poder Público Municipal.

2. Consultar a las organizaciones de base del Poder Popular sobre los

programas, planes y proyectos que presente el Municipio.

3. Evaluar los planes y proyectos que se ejecuten a través del Municipio en el

territorio de la parroquia.

4. Facilitar la construcción y organización de los ejes comunales.

5. Coadyuvar con las políticas del Estado en todas sus instancias, con la

finalidad de actuar coordinadamente en la ejecución del Plan de Desarrollo

Económico y Social de la Nación, y los demás planes que se establezcan en

cada uno de los niveles político territoriales y las instancias político

administrativas que establezca la ley.

6. Servir como centro de información y promoción de procesos participativos

para la identificación de prioridades presupuestarias.

7. Promover los principios de corresponsabilidad, protagonismo y participación

ciudadana en la gestión pública municipal.

8. Promover los servicios públicos y el principio de corresponsabilidad en lo

atinente a la seguridad ciudadana, la protección civil y la defensa integral de

la República.

9. Promover los servicios y políticas dirigidos a la infancia, a la adolescencia, a

la tercera edad, a los pueblos y comunidades indígenas y a las personas con

discapacidad.

10.Cooperar con la Sala Técnica del Consejo Local de Planificación Pública en

la elaboración del censo social municipal, conjuntamente con la participación

de las organizaciones vecinales y la sociedad organizada.

Las demás establecidas en la presente Ley y demás instrumentos jurídicos

municipales.

Artículo 38. Las juntas parroquiales están en la obligación de requerir toda la

información de la gestión municipal para ponerla a disposición de todos los

ciudadanos y ciudadanas de la parroquia que se la soliciten.

Artículo 39. El presupuesto municipal de cada ejercicio fiscal incorporará los

planes, programas, proyectos y actividades encomendados a la parroquia o a la

entidad local territorial, con previsión de los respectivos créditos presupuestarios,

así como de los resultados que se esperan obtener en términos de producción de

bienes y servicios, cuando sea posible cuantificarlos. En la ordenanza respectiva,

se establecerá el órgano de la administración pública municipal que hará el

seguimiento de las atribuciones señaladas.

Capítulo IV

De las mancomunidades y demás figuras asociativas

Artículo 40. La mancomunidad es una figura asociativa constituida en forma

voluntaria por dos o más municipios para la gestión de materias específicas de su

competencia.

Artículo 41. La mancomunidad procederá cuando se asocien dos o más

municipios, colindantes o no, de la misma o de diversas entidades federales.

La mancomunidad podrá asumir una o varias materias o funciones dentro de la

competencia de los municipios mancomunados, pero no podrá asumir la

totalidad de ellas.

El Poder Nacional o el Poder Estadal podrá crear fondos especiales a favor de las

mancomunidades de vocación única o de vocación múltiple que se creen, a los

fines de la descentralización de competencias y actividades de un nivel a otro, de

conformidad con la legislación rectora en cada sector.

Artículo 42. Para la creación de una mancomunidad se requiere la aprobación

mediante Acuerdo celebrado entre los municipios que concurren a su formación,

el cual contendrá el estatuto que la regirá.

La creación de la mancomunidad deberá estar contemplada en el Plan de

Desarrollo de los municipios comprometidos, o ser considerada favorablemente

en los Consejos Locales de Planificación Pública de esos municipios, con

informes económicos que sustenten su creación.

Artículo 43. Los estatutos de la mancomunidad deberán establecer de manera

precisa:

1. El nombre, objeto y domicilio de la mancomunidad y los municipios que la

constituirán.

2. Los fines y objetivos para los cuales se crea.

3. El tiempo de su vigencia.

4. Los aportes a los cuales se obligan las entidades que la constituyen.

5. La composición del organismo directivo de la mancomunidad, forma de su

designación, facultades y responsabilidades.

6. Procedimiento para la reforma o disolución de la mancomunidad y la manera

de resolver las divergencias que pudieren surgir en relación con su gestión,

sus bienes, ingresos u obligaciones.

7. La disolución de la mancomunidad antes de la expiración del tiempo de su

vigencia o la denuncia del acuerdo mancomunitario por alguna de las

entidades que lo conforman, deberá llenar las mismas exigencias establecidas

en el artículo anterior para la creación de la mancomunidad, y sólo tendrán

efecto una vez transcurrido un año de la correspondiente manifestación de

voluntad.

8. Definición de las funciones que serán objeto de la mancomunidad.

9. Determinación de las funciones de control externo y de los dispositivos

orgánicos para hacerla efectiva.

10.Mecanismos de participación de la ciudadanía, con mención de la rendición

de cuentas a la población de los municipios mancomunados.

11.Los mecanismos que garanticen el cumplimiento de los aportes a los cuales se

obligan las entidades que la constituyen,incluida la posibilidad de autorizar

derivaciones de transferencias nacionales o estadales, en caso de

incumplimiento.

Artículo 44. La mancomunidad tendrá personalidad jurídica propia y no podrá

comprometer a los municipios que la integran, más allá de los límites

establecidos en el estatuto respectivo.

Artículo 45. Los municipios podrán acordar entre sí la creación de empresas,

fundaciones, asociaciones civiles y otras figuras descentralizadas para el

cumplimiento de acciones de interés local o intermunicipal.

Artículo 46. Los municipios también podrán acordar con los demás entes

públicos territoriales, la creación de otras figuras asociativas

intergubernamentales a los fines de interés público relativos a materias de su

competencia.

Capítulo V

De la diversidad de regímenes

Artículo 47. La legislación municipal que desarrollen los Consejos Legislativos

y los concejos municipales, deberá establecer diferentes regímenes para la

organización, gobierno y administración de los municipios, incluso en lo que

respecta a la determinación de sus competencias y recursos, atendiendo a las

condiciones de población, desarrollo económico, capacidad para generar

ingresos fiscales propios, situación geográfica, elementos históricos y culturales

y otros factores relevantes; así como las opciones para la organización del

régimen de gobierno y administración democrática que corresponda a los

municipios indígenas y a los municipios con población indígena, de acuerdo a la

naturaleza del gobierno local y las características de la entidad federal respectiva.

Artículo 48. Estos regímenes de organización, gobierno y administración

deberán estar en correspondencia con los planes de desarrollo elaborados por los

Consejos de Planificación a nivel municipal y estadal, orientados a atender con

eficiencia los requerimientos para el desarrollo de la vocación económica

respectiva.

Artículo 49. Los pueblos indígenas, sus comunidades y organizaciones

participarán en la formación, instrumentación y evaluación del Plan Municipal

de Desarrollo.

Artículo 50. El Municipio indígena es la organización del régimen de gobierno y

administración local, mediante la cual los pueblos y comunidades indígenas

definen, ejecutan, controlan y evalúan la gestión pública de acuerdo a los planes

previstos en su jurisdicción territorial, tomando en cuenta la organización social,

política y económica, cultural, usos y costumbres, idiomas y religiones, a fin de

establecer una administración municipal que garantice la participación

protagónica en el marco de su desarrollo sociocultural. La organización

municipal de los Municipios indígenas será democrática y responderá a la

naturaleza propia del gobierno local.

Artículo 51. Los pueblos y comunidades indígenas deberán tener participación

política en los municipios en cuya jurisdicción esté asentada su comunidad y, en

tal sentido, debe garantizarse la representación indígena en el Concejo

Municipal, atendiendo a lo establecido en las leyes que regulan la materia

electoral.

TÍTULO III

DE LA COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS

Y DEMÁS ENTIDADES LOCALES

Capítulo I

Competencia de los municipios

Artículo 52. Es competencia de los municipios, el gobierno y la administración

de los intereses propios de la vida local, la gestión de las actividades y servicios

que requiera la comunidad municipal, de acuerdo con la Constitución de la

República y las leyes.

Artículo 53. Cada Municipio tiene competencia para organizar el

funcionamiento de sus órganos y regular las atribuciones de las distintas

entidades municipales.

El Concejo Municipal dictará las normas que regulen su autonomía funcional y

su ordenamiento interno.

Artículo 54. El Municipio ejercerá sus competencias mediante los siguientes

instrumentos jurídicos:

1. Ordenanzas: son los actos que sanciona el Concejo Municipal para establecer

normas con carácter de ley municipal, de aplicación general sobre asuntos

específicos de interés local. Las ordenanzas recibirán por lo menos dos

discusiones y en días diferentes, deberán ser promulgadas por el alcalde o

alcaldesa y ser publicadas en la Gaceta Municipal o Distrital, según el caso, y

prever, de conformidad con la ley o si lo ameritare la naturaleza de su objeto,

la vacatio legis a partir de su publicación. Durante el proceso de discusión y

aprobación de las ordenanzas, el Concejo Municipal consultará al alcalde o

alcaldesa, a los otros órganos del Municipio, a los ciudadanos y ciudadanas, a

la sociedad organizada de su jurisdicción, y atenderá las opiniones por ellos

emitidas.

2. Acuerdos: son los actos que dicten los concejos municipales sobre asuntos de

efecto particular. Estos acuerdos serán publicados en la Gaceta Municipal

cuando afecten la Hacienda Pública Municipal.

3. Reglamentos: Son los actos del Concejo Municipal para establecer su propio

régimen, así como el de sus órganos, servicios y dependencias. Estos

reglamentos serán sancionados mediante dos discusiones y publicados en

Gaceta Municipal.

4. Decretos: son los actos administrativos de efecto general, dictados por el

alcalde o alcaldesa y deberán ser publicados en la Gaceta Municipal o

Distrital. El alcalde o alcaldesa reglamentará las ordenanzas mediante

decreto, sin alterar su espíritu, propósito o razón y, en todo caso, deberán ser

publicados en la Gaceta Municipal o Distrital.

5. Resoluciones: son actos administrativos de efecto particular, dictados por el

alcalde o alcaldesa, el Contralor o Contralora Municipal y demás funcionarios

competentes.

6. Otros instrumentos jurídicos de uso corriente en la práctica administrativa,

ajustados a las previsiones que las leyes señalen.

Las ordenanzas, acuerdos, reglamentos, decretos, resoluciones y demás

instrumentos jurídicos municipales son de obligatorio cumplimiento por parte de

los particulares y de las autoridades nacionales, estadales y locales.

Artículo 55. Las competencias de los municipios son propias, concurrentes,

además descentralizadas y delegadas.

Artículo 56. Son competencias propias del Municipio las siguientes:

1. El gobierno y administración de los intereses propios de la vida local.

2. La gestión de las materias que la Constitución de la República y las leyes

nacionales les confieran en todo lo relativo a la vida local, en especial, la

ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y

prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política

referente a la materia inquilinaria, la promoción de la participación ciudadana

y, en general, el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad en

las áreas siguientes:

a. La ordenación territorial y urbanística; el servicio de catastro; el

patrimonio histórico; la vivienda de interés social; el turismo local; las

plazas, parques y jardines; los balnearios y demás sitios de recreación; la

arquitectura civil; la nomenclatura y el ornato público.

b. La vialidad urbana, la circulación y ordenación del tránsito de vehículos y

personas en las vías municipales y los servicios de transporte público

urbano.

c. Los espectáculos públicos y la publicidad comercial en lo relacionado con

los intereses y fines específicos del Municipio.

d. La protección del ambiente y la cooperación en el saneamiento ambiental;

la protección civil y de bomberos; y el aseo urbano y domiciliario,

incluidos los servicios de limpieza, recolección y tratamiento de residuos.

e. La salubridad y la atención primaria en salud; los servicios de protección a

la primera y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera edad; la

educación preescolar; los servicios de integración familiar de las personas

con discapacidad al desarrollo comunitario; las actividades e instalaciones

culturales y deportivas; los servicios de prevención y protección,

vigilancia y control de los bienes; y otras actividades relacionadas.

f. Los servicios de agua potable, electricidad y gas doméstico; de alumbrado

público, alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas; de

mataderos, cementerios, servicios funerarios, de abastecimiento y

mercados.

g. La justicia de paz; la atención social sobre la violencia contra la mujer y la

familia, la prevención y protección vecinal y los servicios de policía

municipal, conforme a la legislación nacional aplicable.

h. La organización y funcionamiento de la administración pública municipal

y el estatuto de la función pública municipal.

i. Las demás relativas a la vida local y las que le atribuyan la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes

nacionales y estadales.

Artículo 57. Las competencias concurrentes son aquellas que el Municipio

comparte con el Poder Nacional o Estadal, las cuales serán ejercidas por éste

sobre las materias que le sean asignadas por la Constitución de la República, las

leyes de base y las leyes de desarrollo. Esta legislación estará orientada por los

principios de la interdependencia, coordinación, cooperación, corresponsabilidad

y subsidiaridad, previsto en el artículo 165 de la Constitución de la República. La

falta de legislación nacional no impide al Municipio el ejercicio de estas

competencias.

Artículo 58. El Poder Nacional o los estados podrán transferir al Municipio,

determinadas materias de sus competencias y la administración de sus

respectivos recursos, de acuerdo con los principios establecidos en el artículo

158 de la Constitución de la República. En la ley de descentralización se

determinará el alcance, contenido y condiciones de la transferencia, así como el

control que podrá ejercer el Poder Nacional o los estados, según el caso, sobre

los recursos de personal, materiales y económicos que se transfieran.

El Municipio podrá solicitar al Poder Nacional o al Estado respectivo la

transferencia de determinadas competencias.

Artículo 59. El Poder Nacional o los estados podrán delegar en los municipios,

previa aceptación de éstos, el ejercicio de determinadas actividades nacionales o

estadales con el fin de mejorar la eficiencia de la gestión pública o de la

prestación de un servicio público. La delegación comenzará a ejecutarse cuando

se hayan transferido al Municipio los recursos que se requieran para dar

cumplimiento a la delegación. Las competencias delegadas las ejercerán los

municipios conforme a las prescripciones contenidas en el acto de delegación.

Los municipios podrán solicitar al Poder Nacional o al del Estado respectivo, la

delegación de determinadas actividades.

Artículo 60. Cada Municipio, según sus particularidades, tendrá un plan que

contemple la ordenación y promoción de su desarrollo económico y social que

incentive el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad municipal.

Artículo 61. Cada Municipio, según sus peculiaridades, tendrá un plan local de

desarrollo urbano mediante el cual se regulará el uso y aprovechamiento del

suelo según las directrices contenidas en el plan nacional de ordenación

urbanística, y en concordancia con el plan de desarrollo económico y social

señalado en el artículo anterior. Este plan contendrá la ordenación del territorio

municipal, hará una clasificación de los suelos y sus usos, y regulará los

diferentes usos y niveles de intensidad de los mismos, definirá los espacios libres

y de equipamiento comunitario, adoptará las medidas de protección del medio

ambiente, de conservación de la naturaleza y del patrimonio histórico, así como

la defensa del paisaje y de los elementos naturales. Contendrá además, si fuere

necesario, la determinación de las operaciones destinadas a la renovación o

reforma interior de las ciudades.

Artículo 62. Los municipios con vocación turística, dictarán los planes locales

de turismo para promover y desarrollar esa actividad. En esos planes se

promoverá, conjuntamente con los sectores público y privado, el desarrollo

turístico de aquellos sitios de interés histórico, de bellezas naturales, recreativos

y de producción de artesanía, así como cualquiera otra manifestación de interés

turístico.

Los municipios coordinarán sus actividades turísticas con las que desarrollen el

Poder Nacional o el Estado respectivo, en el ámbito municipal.

Artículo 63. Los servicios públicos domiciliarios de suministro de agua potable,

de electricidad y de gas, son competencia de los municipios y serán prestados

directamente por éstos o mediante alguna forma de contratación, con sujeción al

régimen general que se establezca en la correspondiente ley nacional.

Artículo 64. A los municipios les corresponde la protección del medio ambiente

y de la salubridad pública, el suministro de agua y el tratamiento de las aguas

residuales, así como el respeto y garantía de los derechos ambientales de los

vecinos. Los municipios serán convocados para que participen en la formulación

de la política nacional o estadal en materia ambiental.

La administración municipal tendrá a su cargo la gestión de la materia de los

residuos urbanos y de las aguas residuales, la intervención contra los ruidos

molestos, el control de las emisiones de los vehículos que circulen por el ámbito

municipal, así como el establecimiento de los corredores de circulación para el

transporte de sustancias tóxicas o peligrosas.

El Poder Nacional y los estados facilitarán a los municipios los apoyos técnicos y

los recursos que se requieran para cumplir con estas funciones.

Artículo 65. La policía municipal cumplirá funciones de policía administrativa,

de control de espectáculos públicos, de orden público y de circulación, conforme

a lo dispuesto en la Constitución de la República y demás leyes de la República.

Artículo 66. A los municipios les corresponde la protección y defensa civil, la

prevención y extinción de incendios, la prevención y acción inmediata en caso de

accidentes naturales o de otra naturaleza, como inundaciones, terremotos,

epidemias u otras enfermedades contagiosas, conforme a la ley.

Artículo 67. Las competencias de los municipios con población

predominantemente indígena se ejercerán con respeto a los usos y costumbres de

cada comunidad.

Artículo 68. La ley estadal respectiva determinará los servicios públicos

mínimos que cada Municipio deberá prestar de manera obligatoria, atendiendo a

su categoría demográfica y actividad predominante, así como otros elementos

relevantes. La prestación de los servicios de agua potable, de recolección de

basura, de alcantarillado de aguas servidas y pluviales, de alumbrado público, de

plazas y parques públicos, será obligatoria para todos los municipios.

Capítulo II

De los modos de gestión

Artículo 69. Los municipios tienen la potestad para elegir el modo de gestión

que consideren más conveniente para el gobierno y administración de sus

competencias. Podrán gestionarlas por sí mismos o por medio de organismos que

dependan jerárquicamente de ellos. También podrán hacerlo mediante formas de

descentralización funcional o de servicios o mediante la creación de empresas

públicas municipales de economía exclusiva o de economía mixta. También

podrán contratar con los particulares la gestión de servicios y obras públicas.

Artículo 70. Los municipios están en la obligación de estimular la creación de

empresas de economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales

y otras formas asociativas. Asimismo, promoverán la constitución de empresas

autogestionarias y cogestionarias, para facilitar la participación de los

trabajadores y de las comunidades y garantizar la participación ciudadana en la

gestión municipal.

Artículo 71. Los municipios promoverán la desconcentración del gobierno y

administración, así como la descentralización para la prestación de los servicios.

En los procesos de desconcentración se establecerán formas efectivas de

participación ciudadana.

Artículo 72. La creación de institutos autónomos sólo podrá realizarse dada la

iniciativa reservada y debidamente motivada del alcalde o alcaldesa, mediante

ordenanza. La creación de sociedades, fundaciones o asociaciones civiles

municipales será dispuesta por el alcalde o alcaldesa mediante decreto con la

autorización del Concejo Municipal. En todo caso, deberá constar en el

procedimiento de creación la opinión previa del síndico procurador o síndica

procuradora y del contralor o contralora municipal.

Artículo 73. La prestación de los servicios públicos municipales podrá ser objeto

de concesión, sólo mediante licitación pública a particulares y bajo las

siguientes condiciones mínimas establecidas en el contrato de concesión:

1. Plazo de la concesión, no podrá excederse de veinte años.

2. Precio que pagará el concesionario por los derechos que le otorga la

concesión y participación del Municipio en las utilidades o ingresos brutos

por la explotación de la concesión. En el respectivo contrato de concesión se

establecerán los mecanismos de revisión periódica de estas ventajas otorgadas

al Municipio.

3. Garantía de fiel cumplimiento constituida por el concesionario a favor del

Municipio y aceptada por éste, la cual se actualizará periódicamente durante

el término de la concesión.

4. Derecho del Municipio a revisar periódicamente los términos del contrato

para su adopción y posibles mejoras tecnológicas.

5. Derecho del Municipio a la intervención temporal del servicio y a asumir su

prestación por cuenta del concesionario, en las situaciones que previamente se

establezcan.

6. Derecho de revocatoria por parte del Municipio sin menoscabo de la

indemnización por el monto de las inversiones no amortizadas, en ningún

caso la revocatoria dará lugar a indemnización por lucro cesante.

7. Traspaso gratuito al Municipio, libre de gravámenes, de los bienes, derechos

y acciones objeto de la concesión, al extinguirse ésta por cualquier título.

Artículo 74. Las concesiones de uso para el servicio público de transporte

colectivo urbano se regirán por las disposiciones aprobadas por el Concejo

Municipal, a solicitud del alcalde o alcaldesa y tendrá una duración no mayor de

cinco años.

TÍTULO IV

DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL Y DEL

SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

Capítulo I

Principios generales de la organización municipal

Artículo 75. El Poder Público Municipal se ejerce a través de cuatro funciones:

la función ejecutiva, desarrollada por el alcalde o alcaldesa a quien corresponde

el gobierno y la administración; la función deliberante que corresponde al

Concejo Municipal, integrado por concejales y concejalas. La función de control

fiscal corresponderá a la Contraloría Municipal, en los términos establecidos en

la ley y su ordenanza; y la función de planificación, que será ejercida en

corresponsabilidad con el Consejo Local de Planificación Pública.

Los órganos del poder público municipal, en el ejercicio de sus funciones

incorporarán la participación ciudadana en el proceso de definición y ejecución

de la gestión pública y en el control y evaluación de sus resultados, en forma

efectiva, suficiente y oportuna, para lo cual deberán crear los mecanismos que la

garanticen.

Artículo 76. La administración pública municipal se regirá por los principios

establecidos en la Constitución de la República y en las leyes respectivas. Cada

Municipio mediante ordenanza, desarrollará esos principios para la organización

y funcionamiento de los órganos del nivel local, central, descentralizado o

desconcentrado, con el fin de alcanzar mayores niveles de desempeño, atención y

participación de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión, racionalidad de

costos y continuidad en el ejercicio de la función pública. Los órganos que la

componen colaborarán entre sí para el cumplimiento de los fines del Municipio.

Artículo 77. La administración pública municipal deberá desarrollar programas

de gerencia con procesos de mejora y formación continua, de elevación de la

competencia funcionarial y de continuidad en el ejercicio de la función pública a

los fines del mejor servicio a los ciudadanos y ciudadanas y la mayor eficacia y

eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Igualmente, desarrollará

progresivamente la utilización de la telemática en los sistemas de información,

seguimiento y control de la gestión.

Se propenderá a la creación de un sistema intermunicipal de recursos humanos

que facilite la acreditación de conocimientos y experiencia de las personas que

laboran en los municipios, con el propósito de promover el desarrollo de la

carrera del funcionario municipal en el territorio nacional. Los municipios

desarrollarán las acciones asociativas entre sí y con otros entes para tales

propósitos, y acordarán sobre los mecanismos de implantación y los plazos para

su ejecución.

Artículo 78. Cada Municipio mediante ordenanza, dictará el estatuto de la

función pública municipal que regulará el ingreso por concurso, ascenso por

evaluación de méritos, seguridad social, traslado, estabilidad, régimen

disciplinario y demás situaciones administrativas; asimismo, los requerimientos

de formación profesional, los planes de capacitación y carrera de los

funcionarios al servicio de la administración pública municipal, de conformidad

con lo establecido en la Constitución de la República y las leyes.

Artículo 79. La ley orgánica que rige la materia prevé la modalidad y el límite

de las remuneraciones que correspondan por el desempeño de la función pública

de alcalde o alcaldesa, de los concejales o concejalas y, de los miembros de las

juntas parroquiales. El sistema de remuneración de los demás funcionarios del

respectivo Municipio deberá ser compatible con aquéllas y sostenible para las

finanzas municipales.

Artículo 80. La función de alcalde o alcaldesa es incompatible con cualquier

otro destino público remunerado, salvo lo exceptuado en el artículo 148 de la

Constitución de la República, siempre que sean de dedicación compatible con

sus funciones y no exista otra incompatibilidad legal expresa.

Artículo 81. Está prohibido al alcalde o alcaldesa y a los concejales o

concejalas:

1. Intervenir en la resolución de asuntos municipales en que estén interesados

personalmente o lo estén su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de

consanguinidad o segundo de afinidad, o empresas en las cuales sean

accionistas.

2. Celebrar contratos por sí o por interpuesta persona sobre bienes o rentas del

Municipio, o mancomunidades en que participe la entidad, salvo los contratos

de sus entes descentralizados que celebren como usuarios de los servicios

públicos, bajo condiciones de cláusulas uniformes.

3. Desempeñar otro cargo de cualquier naturaleza en la administración

municipal o en institutos autónomos, fundaciones, empresas, asociaciones

civiles y demás entidades descentralizadas del Municipio, salvo la

representación sin remuneración que corresponde al alcalde o alcaldesa en las

asambleas de socios de empresas, fundaciones, asociaciones civiles y

organismos similares conforme a las respectivas normas estatutarias.

Será nulo lo ejecutado en contravención a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 de

este artículo.

En el caso previsto en el numeral 1 de este artículo, el síndico procurador o la

síndico procuradora municipal será la autoridad competente para decidir en el

caso concreto, y su decisión tendrá carácter vinculante.

Artículo 82. El período de los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas

electos o electas es de cuatro años. La elección de las mismas será

necesariamente separada de las que deban celebrarse para elegir los órganos del

Poder Público Nacional.

Artículo 83. No podrán ser postulados para alcalde o alcaldesa, concejal o

concejala ni miembros de las juntas parroquiales:

1. Quienes estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.

2. Quienes, por sí o interpuesta persona, ejecuten contrato o presten servicio

público por cuenta del Municipio, fundación o empresa con participación de

la entidad municipal; o tuvieren acciones, participaciones o derechos en

empresas que tengan contratos con el Municipio.

3. Los deudores morosos en cualquier entidad municipal o al tesoro nacional,

hasta que hubieren pagado sus obligaciones.

4. Quienes estén inhabilitados para el ejercicio de la función pública.

Capítulo II

Organización y Funciones del Ejecutivo Municipal

Artículo 84. En cada Municipio se elegirá un alcalde o alcaldesa por votación

universal, directa y secreta, con sujeción a lo dispuesto en la legislación

electoral. El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad civil y política en la

jurisdicción municipal, jefe del ejecutivo del Municipio, primera autoridad de la

policía municipal y representante legal de la entidad municipal. Tendrá carácter

de funcionario público.

Artículo 85. El alcalde o alcaldesa deberá ser venezolano o venezolana, mayor

de veinticinco años de edad, de estado seglar y haber residido, al menos durante

tres años, en el Municipio por el cual se postula.

En el caso de ser venezolano o venezolana por naturalización, deben tener

domicilio con residencia ininterrumpida en el país no menos de quince años, de

los cuales los tres últimos años previos a la elección, deben ser en el Municipio

al cual se postule.

Los alcaldes o alcaldesas de los municipios fronterizos deberán ser venezolanos

o venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad.

Artículo 86. Los candidatos o candidatas a alcalde o alcaldesa deberán someter

de manera pública a la consideración de los electores, los lineamientos de su

programa de gobierno que presentará al momento de la inscripción de la

candidatura para su registro en el organismo electoral respectivo, que lo

difundirá a través de su portal electrónico u otro medio idóneo.

El Alcalde o Alcaldesa electo o electa, incorporará los lineamientos generales del

programa presentado para la gestión, en la propuesta del respectivo plan

municipal de desarrollo.

Artículo 87. Las ausencias temporales del alcalde o alcaldesa serán suplidas por

el funcionario de alto nivel de dirección, que él mismo o ella misma designe. Si

la ausencia fuese por un período mayor de quince días continuos, deberá solicitar

autorización al Concejo Municipal. Si la falta temporal se prolonga por más de

noventa días consecutivos, el Concejo Municipal, con el análisis de las

circunstancias que constituyen las razones de la ausencia, declarará si debe

considerarse como ausencia absoluta.

Cuando la falta del alcalde o alcaldesa se deba a detención judicial, la suplencia

la ejercerá el funcionario designado por el Concejo Municipal, dentro del alto

nivel de dirección ejecutiva.

Cuando se produjere la ausencia absoluta del alcalde o alcaldesa antes de tomar

posesión del cargo o antes de cumplir la mitad de su período legal, se procederá

a una nueva elección, en la fecha que fije el organismo electoral competente.

Cuando la falta absoluta se produjere transcurrida más de la mitad del período

legal, el Concejo Municipal designará a uno de sus integrantes para que ejerza el

cargo vacante de alcalde o alcaldesa por lo que reste del período municipal. El

alcalde o alcaldesa designado o designada deberá cumplir sus funciones de

acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo aprobado para la gestión.

Cuando la ausencia absoluta se deba a la revocatoria del mandato por el ejercicio

del derecho político de los electores, se procederá de la manera que establezca la

ley nacional que desarrolle esos derechos constitucionales.

En los casos de ausencia absoluta, mientras se cumple la toma de posesión del

nuevo alcalde o alcaldesa, estará encargado de la Alcaldía el Presidente o

Presidenta del Concejo Municipal.

Se consideran ausencias absolutas: la muerte, la renuncia, la incapacidad física o

mental permanente, certificada por una junta médica, por sentencia firme

decretada por cualquier tribunal de la República y por revocatoria del mandato.

Artículo 88. El alcalde o alcaldesa tendrá las siguientes atribuciones y

obligaciones:incluida la posibilidad de autorizar